Miguel Hernández Funcionario de la Tesorería Territorial en excedencia. Funcionario de la Comunidad Áutónoma. Jefe de Área del SEF.

¿1-1-2, CON QUIÉN HABLO?
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06.02.18 - MIGUEL HERNÁNDEZ

Una oportunidad única para disfrutar de Cartagena en agosto           

 

Hace poco, los trabajadores de una empresa privada que prestaba servicios en la Biblioteca, consiguieron gracias a la incompetencia de la administración pública regional, entrar a formar parte del personal propio de la función pública regional en su calidad de personal laboral.  Un juez dejaba claro que la propia administración cometió errores de bulto, y que era el mejor ejemplo de una cesión ilegal de trabajadores. Así que miles de interinos que siguen estudiando y peleando por una plaza, vieron como hay gente que puede entrar a la administración por los túneles abiertos al efecto. Si uno rasca en el caso de la Bibiloteca, puede comprobar que las sombras brillan más que la transparencia. El 1-1-2 podría seguir su ejemplo.

 
Es lo que tiene mezclar 'churras con merinas', y es que las administraciones públicas en general, pero la administración regional en particular, se ha hecho experta en meter en un mismo servicio trabajadores públicos y privados. Ocurre en las cocinas de muchos centros públicos, donde hay cocineros y pinches compartiendo trabajo pero no relación laboral y mucho menos nómina. 
 
Hace ya un tiempo hablamos de la situación del 1-1-2, donde denunciábamos que trabajadores de la empresa privada sustituían a empleados públicos. Ahora lo que debería tocar es poner un poco de orden en un servicio que lleva veinte años privatizado, externalizado le llaman lo que no quieren llamarlo por su nombre.
 
Pasan las empresas, incluso cambian algunos trabajadores, pero el problema de fondo sigue existiendo. Sería todo un detalle que de una vez por todas se creara el OBSERVATORIO PARA LAS PRIVATIZACIONES, que no tiene ningún coste por cierto, y que ya está recogido en cierta forma, en una Ley publicada en la época de Alberto Garre como Presidente. Un Observatorio que analizara y visualizara el mapa privatizador actual, pero sobre todo, que vigilara que las empresas subcontratadas, no cometen excesos ni irregularidades, que no hay cesión ilegal de trabajadores, pero ante todo que sus condiciones laborales son las que se reflejan en sus conveniones colectivos. 
 
Pero lamentablemente seguimos dando servicios a la oferta más baja, sin tener en cuenta que ello conlleva automáticamente un gravísimo deterioro del servicio público que se presta, y que siempre recae los costes a las espaldas de los trabajadores ¿Hasta cuando?.
 
El 1-1-2 es un servicio demasiado serio para que sigamos jugando con fuego.