Miguel Hernández Funcionario de la Tesorería Territorial en excedencia. Funcionario de la Comunidad Áutónoma. Jefe de Área del SEF.

HAGAMOS LA REVOLUCIÓN: HAGAMOS QUE SE CUMPLAN LAS LEYES
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14.03.18 - MIGUEL HERNÁNDEZ

Una oportunidad única para disfrutar de Cartagena en agosto           

 

Salvo la Ley ‘Mordaza’ o la última reforma laboral, y que la mayoría del Congreso es incapaz de cambiar,  lo que dice muy poco a favor de la oposición, en España no hacen falta muchas más leyes, solo que se cumplan las que hay.

 Aquí, el  Delegado del Gobierno por enésima vez sigue ‘amenazando’, principalmente a los del otro lado de la vía, con que la ley será implacable con quien la incumpla, y aunque el ex alcalde de La Unión, un ayuntamiento prácticamente en bancarrota, tiene toda la razón del mundo, a pesar de su forma imperativa de hablar que a veces roza el autoritarismo, aunque últimamente  confunde pedagogía con hablarnos como si fuéramos niños y niñas de guardería.

 Las leyes, te gusten o no, están para cumplirlas. El problema es que las propias administraciones no cumplen a veces  ni sus propias normas.

 La Constitución, esa a la que tantas veces se recurre y se usa por bandera para medir nuestro nivel de españolismo, dice: ‘El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior’, pues bien, Montoro ha anunciado que los presentará en estos días, y nadie, afortunadamente amenaza con enviar a la policía  a Moncloa  por incumplimiento constitucional, y ni el propio Tribunal entra a actuar de oficio.

 Este es solo un pequeño, pero contundente ejemplo, que en España las leyes se aplican o no dependiendo del interés partidista. Sería bueno que las administraciones, del color político que sean, no solo cumplieran las normas con las que se dota, sino que incluso algunas veces se leyeran lo que aprueban, pues me temo, que la mayoría  ni tan siquiera lo saben.

 El pasado 8 de marzo, España vivió un auténtico tsunami en forma de manifestaciones femeninas, entre sus demandas estaba la lucha por acabar con  la brecha salarial, es decir, que a igual trabajo igual retribución.

 Las actuales normas impiden y prohíben que dos personas cobren diferente retribución si hacen el mismo trabajo, en cambio, hasta en la propia administración se incumple las normas. Existen servicios públicos  donde hay gente compartiendo el mismo espacio y el mismo trabajo, pero unos pertenecen al sector público y otro al privado. Unos cobrando algo más de mil euros, y los otros no llegan a novecientos. La leyes prohíben que en un mismo servicio se entremezclen las actividades públicas y/o privadas, ¿por qué entonces se permite con el consentimiento tácito de toda las partes?, o ¿Por qué los centros educativos públicos tienen que dar explicación de cada euro que se invierte, que no gastan, como es lógico, y en cambio la administración no supervisa las cuentas de los centros concertados acerca del dinero público que reciben?.

 Sería bueno, que la clase política hiciera con las leyes  lo mismo que un profesor de la universidad le dijo a su Rector: ‘Obráramos como Habláramos’.

 Nota: Los pensionistas se manifiestan y a quienes suben el salario es a los funcionarios. Por eso, propongo que si hay subida salarial a los funcionarios, que el 50% de la misma vaya destinada a las pensiones por debajo de mil euros y a las de viudedad. Sería todo un síntoma de solidaridad y ejemplo a seguir. Y es que ‘Spain is different’.