Miguel Hernández Funcionario de la Tesorería Territorial en excedencia. Funcionario de la Comunidad Áutónoma. Jefe de Área del SEF.

PP y CIUDADANOS desprecian a los empleados públicos
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04.08.18 - MIGUEL HERNÁNDEZ

     Miguel Sánchez (Ciudadanos), José María Albarracín (Croem) y Domingo Segado (PP), ayer, en la presentación del acuerdo para sacar adelante la normativa. Javier Carrión / AGM/    

 

La nueva Ley de Aceleración Empresarial que han presentando conjuntamente el Partido Popular, CIUDADANOS y la Patronal Empresarial CROEM, para llevar a la Asamblea Regional,  nace con dos víctimas principales: La transparencia y los empleados públicos.

Esta nueva proposición de Ley podría llamarse también ‘Ley de Amnistía Empresarial’, y es que lo único que pretende esta norma, aparte de agilizar procesos, es poner una alfombra roja a todas aquellas empresas que no están en situación legalizada para que entren por la puerta de atrás.

Podrán ponerle celofán azul y naranja a la ley, incluso dirán que es muy restrictiva cuando se trate de temas medio ambientales, pero la verdad es clara y contundente. Incluso para salvar cualquier escollo, el partido popular ha anunciado, como ya denunciamos aquí, la creación del Instituto de Medio Ambiente, con el objetivo de simplificar y tener domados a los trabajadores que tengan que informar al respecto.

No engañan a nadie, al contrario van de cara, y eso es de agradecer. Tanto PP como CIUDADANOS no solo no confían en la público, sino que su apuesta es clara: El sector público, funcionarios incluidos, cuantos menos mejor.

Ambos partidos tiene en común muchas cosas, pero su obsesión porque la gestión privada se haga cargo del sector público es tan brutal como preocupante, ya que en realidad lo que se esconde detrás de su apuesta liberal, es servir intereses partidistas, para repartirse la tarta pública.

CIUDADANOS da una de cal y otra de arena, si hace unos días anunciaba públicamente la presentación de una nueva ley de la transparencia, con protección al denunciante incluido, ahora, con esta propuesta vuelve a dejar clara su postura. Así que nadie se lleve a engaño, en caso de que estos partidos en las próximas elecciones sumaran mayoría absoluta, el desmantelamiento del sector público será importante, empezando por la educación, siguiendo por la sanidad, y terminando por todo aquello que no consideren servicios mínimos esenciales.

Es evidente que a pesar de las advertencias sobre el peligro que corre su  apoyo  a los presupuestos del próximo año, tras incumplimientos graves del gobierno regional, como es el caso de la famosa UCI del noroeste, donde incluso los líderes anunciaron a bombo y platillo en la puerta del hospital comarcal en Caravaca de la Cruz, al que ni tan siquiera invitaron a los alcaldes afectados para comunicárselo, y que ahora tanto los diputados Sánchez como López Miras deberían explicar, aunque sea por vergüenza torera, que si el año que viene no tenemos presupuestos regionales, no será por incompatibilidad de programas, sino por intereses electoralistas, una lástima, pero es el nivel que tenemos de políticos.

Es también evidente, que habrá miles de empresarios que con esta anunciada Ley de Amnistía Empresarial encubierta, estarán algo más que contentos, ya que por fin podrán legalizar a precio cero, una situación que ahora mismo está fuera de la ley. Esperemos por lo menos que los trabajadores afectados disfruten de sus consecuencias.

Pero si la transparencia pierde por goleada, no menos nos pasa a los empleados públicos, que con esta propuesta de ley, pasamos a desempeñar un papel residual, marginal y protocolario, que es lo que muchos quieren.

Si las organizaciones sindicales de la función pública no anuncian movilizaciones contra estas nuevas leyes, que afectarán directamente a su labor profesional, es simplemente el síntoma evidente de que estamos, como empleados públicos, muertos, y por tanto, ya no tendrían razón ni de ser ni de existir, porque para repartir miserias, no se necesitan representantes, sino que entramos directamente en el mercadeo semanal.