Miguel Hernández Funcionario de la Tesorería Territorial en excedencia. Funcionario de la Comunidad Áutónoma. Jefe de Área del SEF.

Hoy más que nunca la Justicia exige una respuesta desde el Estado
( 13 Votos )
12.11.12 - MIGUEL HERNÁNDEZ
Una oportunidad única para disfrutar de Cartagena en agosto

Juan Martínez Moya. Presidente del TSJ - Murcia

¿Los casos Dívar y Garzón han debilitado al poder judicial o lo han fortalecido?

Han empañado la percepción que el ciudadano tiene de la Justicia. Probablemente porque no han sido debidamente explicados. Deben analizarse en el contexto en que se produjeron. Y, desde luego, lo que sí es claro es que son totalmente ajenos al trabajo diario de los jueces y magistrados de todo el país.

Ahora que parecía que la justicia comenzaba a emprender el camino de la renovación, la crisis puede frenar en seco este proceso ¿Se seguirá el proceso iniciado a pesar de la crisis?

En los últimos 5 años la Justicia de Murcia ha recibido la mayor inversión de todo el Estado. Contamos por fin con la Ciudad de la Justicia en la capital, también tenemos modernas infraestructuras en casi todos los partidos judiciales –excepto la terrible situación de Lorca- y hemos incrementado sustancialmente la planta en toda la Región. Pero el déficit territorial y con respecto a otras Administraciones era grande. Se ha trabajado muy duro y ahora no nos pueden abandonar. La sociedad murciana necesita hoy más que nunca una Justicia ágil y de calidad. Valiéndonos de tópicos, no se trata tanto de “mas con menos”, sino de “más con mejor organización”. Hay que racionalizar y optimizar.

Está sobre la mesa una propuesta de redistribución de efectivos e infraestructura, y por ejemplo los ciudadanos del noroeste tendrían que desplazarse a la ciudad de Murcia en caso de tener que resolver algún problema judicial, ¿Es así como algunos entienden acercar la justicia al ciudadano?

Hay que partir de una premisa fundamental: la Justicia no se puede medir en kilómetros. El transcurso del tiempo y los profundos cambios demográficos, económicos y sociales ocurridos en el España justifican la necesidad de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, para una más racional redistribución de la planta judicial, en la que debe tener una especial incidencia la especialización de órganos judiciales de la misma clase, en todos los órdenes jurisdiccionales, para dar una respuesta judicial más uniforme, eficaz y homogénea. Para este objetivo resulta imprescindible un diseño estratégico (plan o pacto de Estado), que ha de abordarse conjuntamente por el Ministerio, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y las Administraciones Autonómicas competentes en la materia, bajo una hoja de ruta de un modelo organizativo de la Administración de Justicia homogéneo, territorialmente accesible al ciudadano y al profesional.

¿De las transferencias de Justicia mejor ni hablamos no?

La existencia de diversos órganos con capacidad de decisión sobre la organización de la Administración de Justicia -Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia del Gobierno del Estado y Gobiernos Autonómicos- exige una coordinación que todavía no se ha alcanzado, lo que está originando, no sólo asimetrías, sino inoperancia y falta de atención a los problemas del conjunto de la Administración de Justicia.
El año pasado, este más aún, aludía a razones de prudencia. La situación de crisis económica y cuestiones presupuestarias; el proceso de modernización en el que los órganos judiciales de la Región están inmersos y nuevos avances tecnológicos, no parecen conformar un escenario propicio para culminar este proceso. Hoy más que nunca la Administración de Justicia exige una respuesta desde el Estado.

Poner un contencioso – administrativo ya cuesta bastante dinero, ¿podría suponer que la justicia ya no es igual para todos?

Es necesario que la sociedad conozca que la justicia genera unos costes, debemos reflexionar todos sobre qué es lo que queremos, sobre como podemos hacer una mejor justicia, mucho más racional y eficiente. Por ello, yo he hablado de tasas en la Administración de Justicia, pero no de forma universal, sino racional, según sujetos y materias concretas, considerando oportuno que se lleve en la segunda instancia, en las fases de recursos, pero también en el acceso a la primera instancia. Hay que diferenciar quién hace uso de un servicio público, como es la justicia, ya que si se utiliza para resolver intereses privados, es bueno, conveniente y racional que se considere que la justicia quede compensada económicamente por el servicio que está prestando.

En todo caso, las tasas judiciales nunca pueden frenar el acceso a la tutela judicial efectiva. Lo importante es distinguir, no se puede utilizar la misma óptica o los mismos principios en la justicia Penal que Civil. No es lo mismo que un trabajador demande contra su empresa por un despido o que un beneficiario de la Seguridad Social reclame una pensión a la Seguridad Social, a un conflicto entre dos entidades financieras, donde ya existen las tasas y se muestran completamente insuficientes.

¿Tiene recelo a que los ciudadanos perciban la justicia cada vez más como una cuota de poder?

Lo importante es que tengan presente que somos servidores públicos. Y por eso, los jueces, en tiempos difíciles, tenemos que desterrar con nuestro trabajo diario ese cliché justicia tardía, atascada, cara, desigual, imprevisible, ineficaz. Ahora bien, el Poder Judicial debe estar implicado en todas las decisiones que afecten al ejercicio de la función jurisdiccional, ya sea la organización de la Administración de Justicia, ya sea la actividad legislativa sustantiva o procesal.

María Teresa Fernández de la Vega, cuando era Vicepresidenta del Gobierno, intentó sin éxito renovar el acceso a la carrera judicial, y que sigue siendo uno de los grandes temas pendientes del poder judicial ¿Usted comparte el actual modelo o aboga por otro?

Yo defiendo un sistema de acceso a la carrera basado en los principios de igualdad, merito, capacidad y de reconocimiento al esfuerzo y valor de la excelencia; valores que se garantizan de manera más eficiente con el sistema de oposición. No obstante, la incidencia del Plan Bolonia y la titulación para acceder a la carrera judicial exigen una pronta y adecuada reflexión para adaptar el sistema de selección de jueces y magistrados. Y me preocupa la falta de respuesta par vertebrar un master universitario especial a quienes terminado el grado de Derecho pretendan acceder a la carrera judicial.
En realidad, soy partidario de un modelo de evaluación del desempeño continuo; que abarque toda la vida profesional activa, siempre con las debidas garantías. Por eso considero fundamental que la formación continua constituya un deber de todo servidor público.

¿Está el mundo judicial tan agitado como parece?

Los problemas que afectan a la Justicia, en la perspectiva de Servicio al Ciudadano, no pasan prioritariamente por reformas que afectan al estatuto orgánico del los jueces o al Gobierno del Poder Judicial. Resultan fundamentales antes reformas organizativas, tecnológicas y procesales. Y fundamental es también el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia como garantía última del Estado Democrático y de Derecho, y por tanto de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es capital.

Una carrera judicial de calidad precisa poder recuperar la ilusión por el ejercicio de la función jurisdiccional. Los servidores públicos somos los primeros que debemos transmitir esa ilusión por lo Público.

Aún así, para afrontar estos problemas en una sociedad compleja, marcada por la crisis, nada mejor que el consejo de un jurista, de un abogado, Cicerón, que en su obra Sobre los Deberes nos recuerda que “nuestra conducta ante las adversidades no debe hacernos perder nuestra posición, debemos prever el futuro y no cometer errores irreparables; no mostrarnos feroces pero tampoco débiles; en los peligros debemos mostrarnos esforzados y prudentes, como los médicos que aplican el remedio según la enfermedad; nunca desear la tempestad en la bonanza, y afrontarla serenamente cuando llegue”.