Miguel Hernández Funcionario de la Tesorería Territorial en excedencia. Funcionario de la Comunidad Áutónoma. Jefe de Área del SEF.

Para estar en la media nacional, serían necesarias 30 unidades judiciales, y están previstas tres. Lorenzo Hernando - Decano de los Jueces de Murcia
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26.01.17 - MIGUEL HERNÁNDEZ
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Lorenzo Hernando Bautista

La Administración de Justicia vivió hace unos días un colapso importante en su sistema informático. No era la primera vez que las nuevas tecnologías dejan ‘colgada’ a la justicia. Cientos de empleados públicos comienzan a estar algo más que cansados de esta situación. Por eso, hemos querido traer hasta el Canal del Funcionario al Decano de los Jueces de Murcia: Lorenzo Hernando Bautista, con él hemos hablado de la situación que se está viviendo y sus posibles consecuencias, e incluso de las últimas sentencias que desde los tribunales europeos están poniendo a la justicia española en el centro de la noticia. Desde el Canal darle las gracias por su colaboración.

Estos días atrás la administración de justicia se paralizó por culpa de los sistemas informáticos ¿Fue un hecho puntual o es una deficiencia que vienen arrastrando tiempo?

Por desgracia no es un hecho puntual. Con cierta frecuencia, bien todo el sistema o aplicaciones concretas se “caen”. Especialmente a raíz de la instalación en noviembre de un servidor único para toda la región. Además el ministerio no informa oficialmente de lo que ocurre.

¿El proyecto ‘papel cero’ en justicia está acarreando más eficiencia y eficacia o por el contrario está ocasionando desajustes importantes?

Está acarreando disfunciones importantes. Primero porque no todos los estamentos entran a la vez en el sistema. Esto obliga de hecho a llevar a la vez el expediente en papel y telemático. Por ejemplo no ha entrado el Ministerio Fiscal, ni los hospitales públicos….

¿Es la administración de justicia la hermana pobre del sector público en cuanto a inversiones tanto en recursos humanos como material?

Es evidente que con la crisis todo el sector público ha notado los recortes. Lo que ocurre con el sector de justicia es que creo que partía de una situación peor que el resto, especialmente en Murcia (véase la ratio de juzgados/jueces por habitante).

Con los problemas existentes ahora mismo, puede producir en los usuarios efectos negativos y perjudiciales?

Puede producir retrasos considerables y los está produciendo. En ello inciden las nuevas tecnologías pero esencialmente se deben a la falta de medios personales. Para estar en la media nacional se calcula que serían necesarias 30 unidades judiciales y está prevista la creación de tres y no sabemos cuándo.

¿Hay prevista alguna actuación por parte de quien corresponda para solucionar este problema al margen de la queja?

Se van a crear tres unidades. Por parte del TSJ se están utilizando los JAT como refuerzos en las jurisdicciones más necesitadas pero se necesitaría un apoyo financiero superior por parte del Ministerio.


Imagino que esta situación está creando tensión y estrés entre los empleados públicos de la administración de justicia ¿Es la mejor manera de ir a trabajar sabiendo que uno no sabe si al llegar al puesto de trabajo funcionarán las herramientas informáticas que necesitan?

Imagínese que haya señalados juicios desde hace meses y no se puedan celebrar porque no funciona la aplicación de grabación. Especial tensión se produce en el Registro Civil, donde los ciudadanos han tenido incluso que pedirse el día para gestiones que les afectan directamente.

Por último, muchos ciudadanos en general y empleados públicos en particular, están viendo como los tribunales europeos están corrigiendo de forma sustancial algunas cuestiones fundamentales, entre ellas, los derechos y deberes de los empleados públicos, y sus relaciones contractuales ¿Es negativo para el sistema judicial español que se esté asentando la sensación de que los tribunales españoles dicen una cosa y los europeos lo contrario?

No es negativo. Estamos entrando, tarde, en una nueva forma de interpretar las leyes. Hay que acostumbrarse a que las normas comunitarias y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la última palabra. Esto ha chocado a veces con la normativa interna. No es malo que esto ocurra.